Actitud Estatal ante el Transporte Terrestre

Desde hace muchos años los funcionarios del Estado, tanto del Gobierno, como del Congreso y las Municipalidades han tomado una actitud de no querer atender con la seriedad del caso la situación del transporte público de carga y de personas.  Los funcionarios del Estado consideran al transporte un objeto de regulación en todos los aspectos sin intentar siquiera comprender los campos de mayores necesidades que tienen los empresarios del sector.  No existe conocimiento de los fenómenos que se producen a su alrededor y menos aún una disposición a colaborar con los empresarios del transporte en buscar un desenvolvimiento más equitativo, justo y moderno de la actividad económica del transporte terrestre.

La mayoría de los funcionarios y empleados del Estado propician que la relación usuario – transportista se deteriore a favor del usuario y consideran que con esa práctica están consiguiendo más apoyo en su función pública.  Una actitud que ha llevado a que la gran mayoría de transportistas se desenvuelvan en un ambiente hostil y con pocas oportunidades de sano crecimiento económico.

Los funcionarios de gobierno han olvidado que deben modernizar el marco jurídico y demás aspectos normativos que tienen que ver con el transporte público.  Es asombroso que la actual Ley de Transportes vigente en Guatemala sea la que se  emitió en 1946, y no se haya tomado en cuenta que el transporte es una actividad cambiante en todo el mundo y muy sensitiva para propiciar el crecimiento económico de otras actividades económicas que todas juntas inducen a una mejor calidad de vida de los ciudadanos de un país.

Los funcionarios de gobierno han olvidado que la actividad económica del transporte terrestre debe ser objeto de un intensivo y sistemático apoyo dirigido a su constante transformación y modernización, inclusive facilitando o brindando incentivos para la adquisición y renovación de unidades de transporte público, efectuando estudios que dimensionen y contribuyan a resolver los problemas que aquejan a cada sector, interviniendo en la eliminación de la competencia desleal especialmente en el transporte de carga, facilitando la capacitación intensiva de los operadores de unidades de transporte.

Es tiempo de que haya una disposición de cambio en los funcionarios, de manera que pueda efectuarse un trabajo simultáneo transportista – gobierno, esto contribuirá a mejorar la calidad del servicio.  Los funcionarios deben desempeñar un rol profesional y responsable a través de sólidas instancias técnicas y políticas para avanzar en la modernización del servicio del transporte público en el país.

Grupo Editorial Catransca